Entre las principales implicaciones destacan:

• La prohibición de contratos civiles o comerciales para ocultar relaciones laborales.
• La obligación de garantizar un salario mínimo legal junto con prestaciones sociales, y la ilegalidad de trasladar costos operativos a los conductores si afecta sus ingresos.
• Además, establece la responsabilidad solidaria entre los actores involucrados en la explotación del vehículo.

En cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la norma exige una gestión real de riesgos críticos como fatiga, horarios extensos y mantenimiento vehicular, integrando estos esfuerzos con los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV).

También obliga a garantizar pausas, descansos, capacitación continua y vehículos seguros.

El cumplimiento será estrictamente vigilado por el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Transporte, con sanciones administrativas, civiles y penales para quienes incumplan. Asimismo, sindicatos y asociaciones de conductores podrán denunciar irregularidades.

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